POLÍTICA DE PRECURSORES
QUÍMICOS
Droquimar ha definido una Política de Precursores Químicos basada en la cooperación Público-Privada para combatir el problema de las drogas. La responsabilidad social del empresariado hoy debe ampliarse a fin de proyectarse a otras áreas como el cuidado del medio ambiente o la lucha contra el uso abusivo de sustancias psicoactivas, procurando, a través de la participación y el compromiso ciudadano, aportar a la solución de estas problemáticas que nos atraviesan a todos como sociedad.
Droquimar adhiere al principio de la responsabilidad compartida, que entraña el compromiso mutuo de perseguir objetivos comunes y la determinación de emprender una acción conjunta. Es así que declara:
La colaboración con todas las instancias de gobierno, la sociedad civil, las comunidades locales y el sector privado para actuar conforme a un acuerdo que garantice la salud y el bienestar de la población.
La inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos cumpliendo con todas las normativas, obligaciones, certificaciones, inscripciones y presentaciones de informes que dispone el organismo.
La participación en la Cámara Argentina de Productos Químicos que a través del Consejo Consultivo de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad cooperará en el control efectivo y eficiente de los precursores químicos.
El compromiso de difundir información a clientes inscriptos en el Registro Nacional de Precursores Químicos sobre las distintas normativas que regulan las operaciones de precursores químicos con el fin de colaborar en su conocimiento y aplicación.
La acción proactiva de fiscalización de la operatoria interna, respetando las cuestiones atinentes al uso legal de dichas sustancias químicas en las distintas etapas de producción, comercio, almacenamiento, fabricación y transporte, para evitar el desvío de precursores químicos hacia actividades ilícitas.
La capacitación y concientización del personal sobre la problemática de adicciones, y el tratamiento responsable de precursores químicos; como así también, las consecuencias del incumplimiento de las normativas vigentes.